De La Peña Rivera

De La Peña Rivera En DLPRA somos especialistas en materia laboral, sector magisterio, docentes, pensiones y jubilacion

Ir a clase y aprender no debe ser opcional en BCLos partidos del Mundial se pueden ver en repetición, la educación perdi...
07/06/2026

Ir a clase y aprender no debe ser opcional en BC
Los partidos del Mundial se pueden ver en repetición, la educación perdida no se repite
Por Guillermo Rivera Millán.

La gobernadora de Baja California anunció que la asistencia a clases sería opcional durante la inauguración del Mundial de futbol. Surge de inmediato la pregunta: ¿bajo qué dictamen técnico se tomó esa decisión? El artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación establecen que la educación básica es obligatoria y que el calendario escolar debe garantizar entre 185 y 200 días efectivos de clase. Ese calendario solo puede modificarse por causas extraordinarias o de fuerza mayor, y siempre con dictamen técnico y consulta a los Consejos de Participación Social. Un evento deportivo no cumple con esos criterios.

Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que no podía modificar unilateralmente el calendario escolar y que debía consultar a las comunidades educativas, atendiendo las características de la Nueva Escuela Mexicana. Esa rectificación fue un paso hacia la legitimidad que la Constitución y la Ley mandatan. Entonces, ¿qué parte de esta lección no se entendió en Baja California?
Si no se consulta a los Consejos de Participación Social, a los sindicatos, a los padres de familia, a las comisiones ciudadanas y empresariales en educación, a las escuelas particulares, a las organizaciones y expertos de la sociedad civil, ¿para qué existen esas estructuras? Además, sería discriminatorio privilegiar únicamente el futbol, cuando para otros sectores de la sociedad son igual de importantes el básquetbol, el futbol americano, el béisbol o el box. La educación no puede ser rehén de ninguna coyuntura deportiva.

El problema, sin embargo, va más allá de una decisión sin sustento técnico. En Baja California las escuelas enfrentan carencias que ponen en riesgo el derecho a la educación. Las aulas deterioradas, la falta de ventilación y los espacios inseguros son parte de la realidad cotidiana. El déficit de maestros se refleja en grupos sin docentes titulares y en interinos que no reciben pago oportuno, lo que deja a los planteles funcionando con personal incompleto. La ausencia de protocolos integrales de riesgos escolares es otra deuda: cada escuela debería contar con personal capacitado en primeros auxilios, brigadas de protección civil y recursos para atender emergencias. A ello se suma la reivindicación pendiente de los docentes, quienes necesitan reconocimiento, capacitación continua y salarios dignos.

En un estado donde las comunidades enfrentan hospitales sin medicamentos y familias que buscan a sus desaparecidos, hablar de celebrar unidos el Mundial resulta un contrasentido. La verdadera unidad debería convocarnos a causas urgentes: ayudar a las familias que buscan justicia, apoyar a las escuelas que carecen de infraestructura, respaldar a los maestros interinos que siguen sin recibir pago, sostener a las micro y pequeñas empresas que están a punto de cerrar y defender a los pensionados a quienes se pretende reducir sus pensiones de manera arbitraria y retroactiva. Esa es la unión que necesitamos: la que se construye en torno a las necesidades reales de la sociedad, no la que se disfraza con un espectáculo deportivo.

La legitimidad de la educación se juega en la consulta, en la planeación y en el respeto a los actores sociales. Gobernar es escuchar. Y en materia educativa, escuchar es obligatorio. Es momento de que la gobernadora, la Secretaría de Educación y los Consejos de Participación Social respeten la voz de maestros, padres, sindicatos, empresarios y sociedad civil. Solo así la educación en Baja California podrá ser democrática, equitativa e inclusiva, como lo mandata la Nueva Escuela Mexicana.

Un partido de futbol se puede ver en repetición, las veces que sea. La educación, en cambio, no se repite. Cada día perdido en el aula es un día que no regresa. Cada niño que se queda sin maestro es un futuro que se debilita. Cada escuela sin infraestructura es un derecho vulnerado.

Ya estuvo. Padres, maestros y sindicatos: es momento de defender la educación. No se trata de un partido de futbol, se trata del futuro de nuestras niñas y niños. La verdadera legitimidad no se juega en un estadio. Se construye en las aulas, con consulta, con democracia y con respeto a quienes sostienen la educación día a día. Viva México en serio significa respetar la educación y a quienes la defienden.

Guillermo E. Rivera Millán
Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

06/06/2026

⚖️ Democracia sindical y pensiones dignas: el reto nacional del magisterio

El futuro de los derechos laborales en México requiere de una representación auténtica, transparente y firmemente respaldada por las bases.

Compartimos la participación de nuestro Socio Director, el Lic. Guillermo Rivera Millán, en el espacio de Causa Magisterial, donde se analizaron las tensiones actuales entre la normatividad formal y la realidad que viven las y los trabajadores de la educación en el país.

A través de nuestra experiencia nacional defendiendo el patrimonio y las pensiones del magisterio, en DLPRA hemos comprobado una premisa fundamental: la protección efectiva del retiro digno camina de la mano con la libertad sindical.

No se puede garantizar la seguridad social si existe una brecha entre las cúpulas y las bases.

📌 Ejes clave del análisis jurídico:

Libertad sindical auténtica: la transición hacia un modelo democrático donde la voz del trabajador sea el único motor de decisión.

Blindaje de pensiones: el papel crítico de una representación legítima para frenar reformas regresivas que afecten los derechos adquiridos.

Realidad vs. normatividad: soluciones legales frente a la distancia que separa los discursos oficiales de las necesidades reales en las aulas.

En De La Peña Rivera consolidamos nuestra presencia en toda la República, aportando claridad técnica y estrategias legales colectivas para empoderar al magisterio nacional.

🔗 Vea la intervención completa aquí: [Insertar enlace al video]

Pensionados de CFE: sí es viable defender la competencia de tu circuito judicial de residenciaEn las últimas semanas se ...
04/06/2026

Pensionados de CFE: sí es viable defender la competencia de tu circuito judicial de residencia
En las últimas semanas se ha consolidado una tendencia judicial nacional: los amparos promovidos directamente contra reformas constitucionales, como la del artículo 127 de la Constitución Federal (CPEUM), enfrentan obstáculos de procedencia cada vez más severos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado que este tipo de juicios se han vuelto extraordinariamente difíciles de admitir y prosperar, lo que obliga a replantear la estrategia de defensa hacia actos concretos de aplicación.

📌 ¿Qué significa esto para los jubilados y pensionados de CFE?

Que la defensa jurídica debe enfocarse en reducciones, descuentos, retenciones o suspensiones indebidas en el pago de pensiones, donde la autoridad sigue obligada a:

Fundar y motivar sus determinaciones.

Respetar el derecho de audiencia.

Garantizar el debido proceso.

Actuar conforme al principio de legalidad.

📚 En el Décimo Quinto Circuito (Baja California), los tribunales han sostenido que cualquier afectación al pago de una pensión debe estar debidamente fundada, motivada y notificada. Los actos arbitrarios o carentes de sustento legal sí pueden ser combatidos mediante amparo, porque generan una afectación concreta a los derechos adquiridos.

🔍 El problema actual es que, con el Acuerdo General AG‑POAJ‑007/2026, la mayoría de los Juzgadores -sin realizar un análisis integral de la demanda y, las oficialías de partes están remitiendo automáticamente los asuntos a los juzgados especializados en CDMX, sin analizar si se trata de un acto concreto de aplicación. Esto ha creado una sobrecarga procesal en dichos tribunales y ha limitado el acceso inmediato a la justicia.

💬 Dos Tribunales Colegiados locales ya confirmaron que los descuentos o reducciones indebidas de pensiones de CFE -al no estar debidamente fundados y motivados- son materia del circuito local, rechazando la pretensión legal de la defensa de la CFE de enviar todo a los órganos especializados.

En ambos casos, los tribunales resolvieron que la disminución del pago pensionario no tiene origen directo en la reforma constitucional, sino en actos administrativos concretos, y por tanto la jurisdicción local es competente.

💡 En términos sencillos:

Los amparos contra la reforma constitucional son casi imposibles de prosperar.

Sí procede reclamar descuentos o reducciones indebidas en pensiones.

La autoridad debe respetar debido proceso y derecho de audiencia.

Los jueces locales sí tienen competencia para proteger a los pensionados de CFE frente a actos arbitrarios.

En muchos casos, lo correcto es reclamar la incompetencia del especializado y exigir el reenvío al circuito de origen.

⚠️ Por ello, debemos exigir en lo local que se ajusten criterios y se den entrada a los juicios, y en lo nacional que se reenvíen los expedientes al circuito de residencia. También debe considerarse que, desde lo local, se analizará si los amparos se convierten en materias laborales, administrativas o en ambas vías.

👉 Es fundamental denunciar la conducta de los juzgados o magistrados que resuelvan en contra de la jurisprudencia o que interpreten de manera mecánica el Acuerdo 007, dando como resultado, resoluciones regresivas. Para ello, debemos acudir al Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la misión de garantizar autonomía judicial y acceso inmediato a la justicia.

En DLPRA seguimos comprometidos con la defensa de los derechos pensionarios y con la difusión de información jurídica seria, responsable y técnicamente sustentada.

01/06/2026

⚖️ ISSSTECALI: Iniciativa Ciudadana contra el Tope de Pensiones – Artículo 127 CPEUM.

El Congreso del Estado de Baja California, por conducto de su Presidenta, la Diputada Michel Sánchez, notificó oficialmente al Despacho De la Peña & Rivera que la Diputada Daylín García Ruvalcaba ha solicitado hacer suya y adoptar la Iniciativa Ciudadana presentada el pasado 18 de mayo de 2026, mediante la cual se propone proteger la pensión dinámica de ISSSTECALI y excluirla del tope federal previsto en el artículo 127 de la Constitución Federal (CPEUM).

Este paso representa un avance: la voz ciudadana, respaldada por cientos de firmas, ahora se convierte en propuesta legislativa formal dentro de la XXV Legislatura. La iniciativa busca garantizar certeza jurídica, justicia social y la protección plena de los derechos adquiridos de las y los trabajadores, jubilados y pensionados del magisterio y la burocracia estatal.

Agradecemos profundamente a todas las personas que participaron en la recolección de firmas y en la difusión de esta causa. Su esfuerzo permitió que la propuesta ciudadana se eleve al nivel legislativo y sea discutida en el Pleno del Congreso.

🔵 Próximos pasos El proceso legislativo continuará con la revisión de la iniciativa en comisiones y la definición de una ruta de seguimiento. Desde este espacio mantendremos informada a la ciudadanía y a quienes firmaron, para que juntos demos continuidad a este esfuerzo colectivo.

Cada firma contó. Cada voz debe ser escuchada. Seguimos unidos por una sola causa: que el artículo 127 federal no aplique a ISSSTECALI y que esa exclusión quede plasmada con claridad en la Constitución de Baja California.

23/05/2026

⚖️ La justicia se impone: pensiones protegidas, jueces valientes
En todo el país se han realizado descuentos arbitrarios a pensionados, sin procedimiento formal, sin notificación personal y sin respetar el debido proceso.

Por eso celebramos la suspensión otorgada por la Jueza Sexta de Distrito en Mexicali, del Décimo Quinto Circuito de Baja California, quien con autonomía judicial verificó la reducción indebida a una pensión de CFE y aplicó la Ley de Amparo, la jurisprudencia y criterios progresivos en favor de los pensionados.

👉 Nuestro llamado es claro:

El Acuerdo 007/2026 no elimina la obligación de admitir demandas ni de pronunciarse sobre suspensiones, y también establece cuándo no aplica.

Los jueces deben respetar la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia para admitir demandas y suspensiones contra actos arbitrarios que atenten contra pensiones y jubilaciones.

Cada expediente no es un número: es una persona, una familia y un patrimonio que proteger.

📅 Este lunes 25 de mayo iniciamos una marcha en el Centro Cívico de CFE y concluiremos en las escaleras del Poder Judicial.
Ahí recordaremos a los jueces que prometieron ser cercanos a la gente, no al Ejecutivo.

⚖️ La justicia no debe tener miedo.
Los derechos adquiridos no se negocian, se defienden.

14/05/2026

🔴 Iniciativa Ciudadana por la Dignidad: ¡No al Tope en ISSSTECALI! 🔴

Esta viva la base del magisterio y burocracia, pensionados, jubilados y activos. Con unidad, humildad y sin siglas sindicales o partidistas, miles de ciudadanos, líderes sociales y movimientos de otras causas, compañeros del magisterio y la burocracia —pensionados y activos— se organizaron en Mexicali, Tijuana y Ensenada para recabar firmas. Hoy podemos decir: ¡logramos más de 2,000 firmas! La iniciativa ciudadana está lista para presentarse en el Congreso de Baja California.

📅 Convocatoria oficial El próximo jueves 21 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en el Centro Cívico de Mexicali, explanada del Poder Legislativo, se entregará formalmente la iniciativa ciudadana que busca respetar el acuerdo político emitido por el Congreso el 31 de marzo de 2026, que refiere que la reforma del artículo 127 de la CPEUM no aplica para trabajadores de base, pensionado y jubilados del Magisterio estatal, ni de la burocracia derechohabientes del ISSSTECALI.

Ese día habrá una comitiva organizada para acompañar la entrega y brindar información de primera mano. La iniciativa no se votará aún, pero se presentará en el pleno y se anunciará junto con las expresiones de diputados que ya han mostrado disposición a sumarse.

🤝 Reconocemos a los liderazgos que, con unidad y humildad, organizaron la recepción de firmas en cada municipio. Ese es el liderazgo que se necesita: menos grilla, menos café y más acciones concretas en defensa de nuestros derechos.

📌 Aún puedes sumarte: entre más firmas y apoyo tengamos, mayor será la fuerza ciudadana para que los diputados hagan su trabajo con responsabilidad y compromiso.

💬 El pasado 13 de mayo de 2026 se realizó una mesa de trabajo con diputados de distintas bancadas, compañeros del magisterio y la burocracia. Se abrió una ruta de diálogo: algunos legisladores ya ven con buenos ojos la iniciativa, otros deberán hacer lo propio.

La unidad logra resultados. Unidos somos más fuertes.. ¡Nos vemos próximo jueves en la explanada del Congreso!

Alianza

Calendario escolar en México: facultad sin consulta frente al deber de corresponsabilidadPor Guillermo E. Rivera MillánL...
10/05/2026

Calendario escolar en México: facultad sin consulta frente al deber de corresponsabilidad
Por Guillermo E. Rivera Millán

La Secretaría de Educación Pública decidió recortar el calendario escolar. El problema no es solo la reducción de días, sino la forma en que se tomó la decisión: sin consulta, sin regionalización y sin escuchar a los actores sociales. Esa omisión convierte la medida en ilegítima y contraria al marco constitucional y legal que rige la educación en México.

El artículo 3 constitucional establece que los planes y programas de estudio deben elaborarse considerando la opinión de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales, atendiendo contextos regionales y locales. Este mandato superior obliga a que la educación sea democrática, equitativa, inclusiva y de excelencia. La Nueva Escuela Mexicana retoma este principio: las decisiones educativas deben responder a realidades concretas, no imponerse de manera uniforme.

En ese mismo sentido, el artículo 23 de la Ley General de Educación refuerza la obligación de escuchar a los estados, a la Ciudad de México y a los actores sociales, además de proyectos educativos que contemplen realidades regionales y locales. Incluso prevé la participación de maestras, maestros y estudiantes. Ignorar este mandato es omitir la voz institucional que equilibra las decisiones educativas.

El artículo 87 establece que el calendario escolar debe tener entre 185 y 200 días efectivos de clase. El artículo 88 señala que las suspensiones solo proceden en casos extraordinarios y siempre que se recuperen los días perdidos. El artículo 89 obliga a publicar cualquier ajuste en el Diario Oficial de la Federación. Y el artículo 170 tipifica como infracción suspender actividades en días no autorizados, salvo motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor. En otras palabras, la Ley prevé que solo una causa extraordinaria o de fuerza mayor puede justificar un recorte, siempre con recuperación de los días perdidos.

Los artículos 15 y 16 fijan los fines y criterios de la educación: desarrollo integral, respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, equidad, inclusión y excelencia. Un recorte improvisado contradice estos principios, pues reduce el tiempo de aprendizaje, profundiza desigualdades y afecta especialmente a niñas, niños y mujeres trabajadoras.

Los argumentos oficiales para el recorte han sido el Mundial de futbol y las altas temperaturas. Sin embargo, ninguno cumple con la figura de “causa extraordinaria” prevista en la Ley. El Mundial es un evento deportivo sin relación con los fines educativos. El calor extremo, en cambio, es una condición recurrente e histórica, que exige infraestructura y planeación regionalizada. En las zonas donde las temperaturas representan un desafío real, los Consejos de Participación Social (CPS) deben jugar un papel fundamental para definir soluciones locales, considerando recursos, infraestructura y condiciones específicas. Solo así se atendería la regionalización que la Constitución y la Ley mandatan. De lo contrario, la medida carece de legitimidad.

La inconformidad social es amplia y legítima. COPARMEX señaló que la decisión es improvisada y afecta el aprendizaje y la organización laboral. El IMCO documentó que incrementa la carga de cuidados en las mujeres y profundiza brechas educativas. La CNDH advirtió que vulnera el interés superior de la niñez. La Unión Nacional de Padres de Familia la calificó como un golpe directo al derecho a la educación. La Alianza de Maestros A.C. cuestionó que contradice el discurso oficial de recuperación de aprendizajes. COPASE subrayó que la decisión podría afectar a los más vulnerables y pidió reactivar los CPS como órganos de colaboración escuela-comunidad.

Frente a ello, cada actor tiene un papel que cumplir. El gobierno federal debe planear con consulta y evidencia. Los estados pueden ejercer su autonomía educativa y justificar ajustes regionales. Los maestros y sindicatos deben defender que el esfuerzo pedagógico sea reconocido, protegido y acompañado de recursos. Los padres de familia tienen derecho a participar en los CPS y a presentar inconformidades. La sociedad civil puede recurrir a amparos e instrumentos de participación ciudadana para exigir certeza normativa. Los empresarios deben incidir en políticas públicas por su impacto en productividad. Todos, en conjunto, forman parte de la corresponsabilidad que la Ley reconoce como principio rector del sistema educativo.

El problema no es el recorte. Es la falta de planeación, de consulta y democratización en la toma de decisiones educativas. El artículo 3 constitucional y el artículo 23 de la Ley General de Educación obligan a escuchar a los estados, a los CPS y a los actores sociales, atendiendo la regionalización y los contextos reales de la Nueva Escuela Mexicana. La SEP tiene facultades, sí. Pero también obligaciones: justificar con evidencia técnica, abrir espacios de participación y garantizar el derecho a la educación.

La educación no se recorta por ocurrencia ni por coyuntura social o política. No basta con que se pongan de acuerdo los titulares de la educación de las entidades o que se pida una opinión aislada a un grupo de estudiantes. La educación se construye con consulta real y regionalizada, con democracia y con escucha. Esa es la verdadera legitimidad. La verdadera legitimidad no se juega en un estadio, se construye en un aula en conjunto con los actores sociales que participan. Y lo que está en disputa no es un trofeo, sino el futuro de nuestras infancias. Solo si cada actor asume su corresponsabilidad podremos garantizar que la educación tenga ruta y sea el verdadero triunfo nacional.

🔔 ¡Atención comunidad de De la Peña y Rivera!  #089 La extorsión telefónica no distingue: afecta a pensionados, empresar...
07/05/2026

🔔 ¡Atención comunidad de De la Peña y Rivera!

#089 La extorsión telefónica no distingue: afecta a pensionados, empresarios y familias de la sociedad civil.

🚫 No caigas en engaños:
• Supuestas deudas 💸
• Premios falsos 🎁
• Información bancaria o de pensiones 📱
• Amenazas sobre familiares 🚨

👉 Si recibes llamadas de números desconocidos que piden datos personales o dinero, cuelga de inmediato. 👉 Denuncia al 089 de manera anónima.

En nuestro despacho, creemos que la seguridad de la comunidad es parte de la defensa de sus derechos.

Hoy, 1° de mayo de 2026, en Mexicali, acompañamos a la Alianza para la Defensa de la Pensión y Patrimonio, a UDIS, a tra...
01/05/2026

Hoy, 1° de mayo de 2026, en Mexicali, acompañamos a la Alianza para la Defensa de la Pensión y Patrimonio, a UDIS, a trabajadores, pensionados de la burocracia y el magisterio en el desfile del Día del Trabajo.

La justicia se defiende en los tribunales, pero también se exige en la marcha, en la calle, en la protesta y en la solidaridad.

Hoy dimos un gran paso: se tendieron puentes entre causas históricas incumplidas —como la del ISSSTE de 2007 y la reducción de pensiones de salarios a UMAs— y las nuevas amenazas, como el tope ilegal al artículo #127 de la CPEUM, y el riesgo de la armonización de dicho tope en el artículo #97 de la Constitución de Baja California.
En DLPRA creemos que la abogacía se ejerce en los expedientes, pero también en el territorio, junto con la sociedad. Y como abogados reafirmamos que sectores de trabajadores, pensionados, patrones y empresas merecen respeto a sus derechos y certeza jurídica.
Hoy más que nunca, es momento de rechazar la división. La defensa de la legalidad y del Estado de Derecho es una causa común que fortalece la paz social y el desarrollo económico. La certeza jurídica es indispensable tanto para quienes entregaron su vida al servicio público, como para quienes generan empleo e inversión.

📢 No a la retroactividad. Sí a la defensa de la legalidad.

Unidos somos más fuertes.

🔴 La Fuerza Viva del Poder Judicial y la Movilización Ciudadana: Avances en la defensa de las pensiones frente al Artícu...
25/04/2026

🔴 La Fuerza Viva del Poder Judicial y la Movilización Ciudadana: Avances en la defensa de las pensiones frente al Artículo 127

El 21 de abril estaba programada la votación en la Suprema Corte sobre si procede la suspensión en amparos contra reformas constitucionales. Esa votación fue retirada gracias a la movilización de ciudadanos, pensionados y jubilados de todo el país, en especial de la Alianza por la defensa de la pensión y patrimonio. Correos, amicus curiae y participación en redes sociales hicieron la diferencia. Este retiro es un logro de resistencia y muestra que la presión social funciona.

📌 Además, se publicó la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/37 A (12a.), Registro digital: 2032054, que establece que no procede desechar de plano las demandas de amparo cuando se impugna una reforma constitucional por violaciones al procedimiento legislativo. Aunque esta jurisprudencia es obligatoria solo en una zona del país, es una buena noticia y una práctica que debe extenderse a todo México.

👉 Esto significa que los amparos contra la reforma al Artículo 127 (tope de pensiones) tienen una ruta de defensa real: deben ser admitidos y analizados, no rechazados automáticamente.

⚖️ En paralelo, el Órgano de Administración Judicial decidió que los asuntos relacionados con el artículo 127 se concentren en juzgados especializados en la Ciudad de México. Esta concentración obedece a que el tema está escalando y cada vez más personas se están amparando. Es un reflejo de la atención y cuidado institucional: el Poder Judicial reconoce la magnitud del problema y responde con seriedad.

✊ Se deben exigir las buenas prácticas que ya existen en otros circuitos y presentarlas en los órganos donde se concentrarán los asuntos. La defensa de las pensiones no puede depender de criterios aislados: debe ser uniforme, justa y accesible para todos los pensionados del país.

💡 Y recordemos: la fuerza se seguirá manteniendo en la medida en que pidamos al Poder Judicial, accionando y exigiendo. La resistencia no es pasiva, es activa y organizada.

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