12/05/2021
CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Las marchas masivas lideradas por los jóvenes y las centrales obreras no tienen precedentes, como tampoco las numerosas organizaciones públicas y privadas del orden internacional que, al unísono condenan la violencia hacia la población civil por parte del Gobierno Nacional, al tratar de mantener el orden público.
Son mundialmente conocidos los abusos de la POLICIA NACIONAL y del ESMAD en nuestro país, como represión ante las manifestaciones de descontento social de los últimos días, donde el exceso de la fuerza y el poder de las armas han sido la constante.
Las brutales golpizas, evidenciadas por videos grabados justo en el momento de la comisión de los hechos, desapariciones de civiles, la utilización de gases y armas es cada vez más evidente y notable, sumado a lo anterior la defensa privada vuelve a hacer presencia, con las ya conocidas consecuencias en el histórico y reciente episodio de violencia en nuestro país.
Rechazamos los hechos de violencia en donde han sido víctimas tanto civiles como miembros de la fuerza pública, en especial las graves situaciones por las que atraviesa el valle del cauca y Cali su capital.
Las investigaciones o pronunciamientos por parte de los entes de control y garantía de los derechos de los ciudadanos, llámese PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LA PERSONERIA, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO y FISCALIA GENERAL DE LA NACION han sido deficientes, desconociendo su función como veedores, frente los hechos lamentables y aberrantes, donde de manera abierta y a la luz pública se siguen cometiendo a diario más y más violaciones a los derechos humanos, creando un velo de incertidumbre de justicia y el esclarecimiento de los hechos.
No es posible que las Altas Cortes hagan un comunicado de la mano de la Presidencia de la Republica cuando todos los hechos y decisiones tomadas dentro de esta coyuntura social, deberán ser objeto de análisis judicial y lo más grave, no se pronunciaron sobre la violencia policial, solo se limitan a repudiar los hechos de vandalismo, desconociendo las garantías de los derechos fundamentales dentro de la protesta.
Las cifras sobre víctimas desde el 28 de abril hasta el 9 de mayo según la ONG Temblores e Indepaz son de 47 mu***os, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia contra mujeres, 548 desapariciones, 23 víctimas de heridas en los ojos, 278 agresiones por la policía, 1876 hechos violentos.
Las cifras oficiales, reportadas por parte de entidades estatales garantes de derechos humanos, son menores y no identifican las víctimas ni los pormenores de sus muertes.
Se hacen necesarios y urgentes los cambios institucionales de fondo, donde la policía y sus órganos adscritos no hagan parte del ministerio de defensa, como sucede en los demás países democráticos, y sean parte del Ministerio del Interior que es quien se encarga del orden público, y este acorde con la Constitución de 1991 donde están definidos como cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la seguridad pública.
Esta profunda crisis del Estado, las pérdidas de credibilidad de sus instituciones, la falta de gobernabilidad del Presiente de la Republica, ha dejado un estado de derecho fracturado y se requiere un enorme esfuerzo nacional donde prime la norma de normas como una regla de carácter obligatorio y no como una simple hoja de ruta.
Es por ello que en las decisiones que tomen ustedes los legisladores, debe predominar el sentido social de la Constitución, para llenar el vacío que está dejando el ejecutivo, cumpliendo ustedes los congresistas con su mandato constitucional de control político, su función constituyente y legislativa
Es momento de buscar consensos, sobre la base de la redistribución del ingreso, que hoy ha alcanzado niveles degradantes.
Son ustedes los llamados a hacer una autocrítica y repensar la estructura del legislativo en busca de la verdadera representación del pueblo y para el pueblo.
No más violencia con los líderes sociales, desplazados, niños, mujeres, No más corrupción, No más reformas que lleven aún más a la pobreza en nuestro país.
Clamamos como Abogados ciudadanos colombianos, conocedores de la ley como ustedes que protejan nuestra democracia, y promuevan las reformas legislativas necesarias para que cese la violación a nuestros de derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la vivienda, derecho al desarrollo económico-social, al trabajo, entre otros.
Esta nueva generación de colombianos, propone un cambio y corresponde a ustedes Senadores y Representantes asumir su papel protagónico en la historia de Colombia que hoy vive uno de sus momentos más críticos, y requiere de su inmediata intervención.
Mayo 12 de 2021
SINDICATO DE ABOGADOS LITIGANTES DE COLOMBIA
“SINTRALITIGANTES”
